LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 1923/1930

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 1923/1930

El 13 de septiembre de 1923, en un ambiente de crisis social y política, el general Miguel Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad constitucional, declaró el Estado de guerra y le exigió al rey que pasase el poder a manos de los militares. Alfonso XIII  acepta y se inicia un Directorio militar presidido por Primo de Rivera que suspende el régimen parlamentario constitucional.

Primo de Rivera  cuenta con el apoyo de los militares, de los políticos cercanos a la monarquía y de una parte de las clases dirigentes decimonónicas (del siglo anterior), con el objetivo de poner fin a la crisis política y la conflictividad social que sufría el país. 

Los argumentos de los golpistas respondían a la inestabilidad y el bloqueo del sistema político parlamentario, así como al desprestigio derivado del continuo fraude electoral. Además las clases acomodadas estaban temerosas ante una posible revolución social, dado el aumento de la conflictividad obrera y campesina. También había crecido considerablemente,  la influencia del republicanismo y los nacionalismos, sin olvidar que el ejército estaba descontento tras la derrota del Annual.

Otra causa que motiva el golpe era evitar que las Cortes investigaran los hechos ocurridos en la guerra de Marruecos, argumento que apoyaba el propio rey.

Primo de Rivera justifica el golpe con un manifiesto de carácter regeneracionista e incluso moralista, criticando la “vieja política” y presentando un claro componente populista a fin de ganarse el apoyo popular. Este manifiesto recoge su firme voluntad de limpiar el país de caciques, acabar con el bandidaje político, la indisciplina social y las amenazas a la unidad nacional.

El último gobierno de concentración anterior al golpe, liderado por García Prieto pretendía una reforma de la Constitución, de la ley electoral y el sistema de turno de partidos, de las relaciones laborales así como limitar el poder del rey.

Al cerrar el Parlamento se impedía todo ello. La dictadura era una solución anticonstitucional para evitar las reformas del sistema que podían amenazar a determinados sectores sociales.

La reorganización del Estado.

            La dictadura de Primo de Rivera pasó por dos fases diferenciadas.

Desde sus inicios hasta 1925 gobernó un Directorio Militar, pero luego se incluyeron como ministros a personalidades civiles como José Calvo Sotelo en Hacienda o Eduardo Aunós en Trabajo.

Se pasó entonces a un Directorio Civil, aunque aún era importante la presencia de los militares y el carácter del régimen siguió siendo autoritario.

Durante el Directorio Militar se tomaron medidas de carácter dictatorial como la suspensión del régimen constitucional, disolución de las cámaras legislativas, cese de las autoridades civiles, prohibición de las actividades de los partidos políticos y los sindicatos, etc. Además se llevó a cabo la militarización del orden público y una amplia represión contra el obrerismo más radical de cenetistas y comunistas

En su intento por eliminar el caciquismo se elabora el Estatuto Municipal y el Provincial, se disolvieron los ayuntamientos que se sustituyeron por Juntas de Vocales integradas por los mayores contribuyentes de cada localidad, nombradas a través de los gobernadores civiles. Pero La regeneración prometida fue una gran farsa, ya que se suspenden los mecanismos electorales y el único cambio fue sustituir unos caciques por otros.

Durante el Directorio Militar el conflicto de Marruecos fue el centro de interés político de Primo de Rivera que llegó a asumir personalmente el Alto Comisionado de Marruecos en 1924. Al año siguiente, se organiza con Francia el desembarco de Alhucemas con gran éxito. A esto le siguen varias derrotas, Abd el Krim se entrega a las tropas francesas. En 1927 se da por concluida la ocupación efectiva de todo el protectorado.

En principio la idea que la dictadura fuese transitoria, tras la que se volvería al régimen constitucional, pero ya  desde 1926 Primo de Rivera abandona esta idea, por lo que intenta consolidar institucionalmente su régimen para darle continuidad y permanencia, idea que se deduce de la influencia del fascismo italiano en este momento.

Para ello se lleva a cabo la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva (1927) de carácter corporativo, donde sus miembros serían elegidos por designación entre los ciudadanos pertenecientes a las grandes instituciones públicas (municipios, universidades, administración, patronales y representantes obreros) el sufragio universal queda relegado.

Para conseguir aumentar la adhesión al régimen se creó un partido único, la Unión Patriótica, partido gubernamental sin un programa ideológico definido cuya misión era proporcionar apoyo social a la dictadura y seguir las directrices del poder. Sus afiliados procedían de las filas del catolicismo, funcionarios de la administración y caciques rurales.  Asimismo se reactivó la institución del Somatén, ciudadanos armados voluntarios, para colaborar con el mantenimiento del orden público.

Política económica y social

La dictadura se beneficia de la buena coyuntura económica internacional tras la I Guerra Mundial, los “felices años veinte”.

El régimen inicia un programa de fomento de la economía en el plano industrial y en las infraestructuras, sin ocuparse apenas de la agricultura. La idea central era la nacionalización de amplios sectores económicos, aumentando la intervención estatal.

Se fomentaron grandes obras públicas como ferrocarriles, carreteras y planes hidroeléctricos, etc. También se aprueba el Decreto de Protección de la Industria Nacional que daba ayudas estatales a las empresas que no podían competir con el exterior; se conceden grandes monopolios a empresas nacionales como la telefonía o la importación, refinado, distribución y venta de petróleo a Campsa.

Todo ello se financia con los llamados presupuestos extraordinarios, y aunque el presupuesto ordinario parecía cada año equilibrado iba acumulando una gran deuda.

En el campo la tierra siguió en manos de los grandes propietarios sin que se realizara reforma alguna, aunque se incentiva el regadío con la creación de las Confederaciones Hidrográficas, para el aprovechamiento máximo de los recursos hídricos de los grandes ríos.

En el plano social, se puso en marcha un modelo de regulación para eliminar los conflictos laborales mediante la intervención del Estado, integrando los sectores más conservadores del obrerismo y reprimiendo a los más radicales.  Así se crea la Organización Corporativa Nacional que agrupa a patronos y obreros en grandes corporaciones, sindicalismo vertical, y regula los conflictos laborales por medio de los Comités Paritarios (patronos y obreros). Su misión era reglamentar salarios, condiciones de trabajo y arbitrar y mediar en caso de conflicto. El sistema fue bien visto por sectores que pudieron actuar sin problemas como UGT, pero CNT y comunistas debieron actuar en la clandestinidad.

La oposición a la dictadura.

La integraban algunos líderes de los partidos dinásticos, los republicanos, nacionalistas, comunistas, anarquistas, algunos sectores del ejercito la casi totalidad de la intelectualidad.

Los partidos del turnismo criticaban la duración del régimen y llevaron a cabo varias conspiraciones en las que participaron militares, como la “sanjuanada” en junio del 26 o la protagonizada por Sánchez Guerra en 1929, también apoyada por sectores militares.

A los intelectuales y el mundo universitario, la dictadura los controlaba a través de la censura, limitando sus libertades e incluso cerrando universidades. El problema deriva en algaradas y protestas estudiantiles que llevan a la creación del gran sindicato Federación Universitaria Española FUE de carácter republicano. En 1924 un grupo de intelectuales firma un manifiesto en contra de la política cultural de la dictadura, lo que conlleva a una dura represión. Unamuno fue desterrado a Fuerteventura y Blasco Ibáñez se traslada fuera del país donde liderará una campaña contra el rey y el dictador.

El conflicto con la oposición más importante se produjo con los republicanos y los nacionalistas, especialmente los catalanes. Los republicanos organizan la Alianza Republicana que une a diversas facciones y desarrolla una amplia campaña contra el régimen en el exterior.

En Cataluña, Primo de Rivera había decretado la liquidación de las Mancomunidades, la prohibición de la lengua catalana y el baile típico catalán, lo que despertó una gran oposición al régimen, incluso de los que inicialmente le apoyaban.

Sin embargo la actuación más decidida la lleva a cabo el catalanismo de izquierdas republicano del grupo Estat Catalá con el intento de invasión armada desde Francia.

Por su parte la CNT se muestra contraria al régimen y fue perseguida, lo que incrementa las diferencias internas, entre las posturas más violentas y radicales y las más moderadas. En el 27 se funda la Federación Anarquista Ibérica, FAI, mientras que el PSOE rechaza abiertamente al régimen y se declara a favor de la republica.

La caída de Primo de rivera.

Se produce cuando el rey le retira su apoyo, convencido de que el mantenimiento de la dictadura sería un peligro para el mantenimiento de la propia monarquía.

Primo de Rivera dimite el 30 de enero de 1930, sustituyéndole el general Berenguer cuya misión fue convocar unas elecciones que permitieran la vuelta a la normalidad constitucional. Este periodo se conoce con el nombre de “dictablanda”.

La oposición empezó a organizarse. Republicanos, catalanistas de izquierda y el PSOE firman el Pacto de San Sebastián  en agosto de 1930, un programa conjunto para presentare a las elecciones y formar así un gobierno provisional que diera paso a la futura republica.

Berenguer fue incapaz de realizar la convocatoria de elecciones, siendo sustituido por el almirante Aznar que convoca las elecciones en los tres niveles establecidos: municipales, provinciales (diputaciones) y legislativas.

El gobierno decide empezar por las municipales, al considerarlas menos peligrosas para la monarquía fijándose para el 12 de abril de 1931. Con ello se intenta volver a la normalidad constitucional y borrar la imagen de Alfonso XIII excesivamente comprometida por la anterior dictadura.

No obstante, las elecciones se presentaron como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía.